La protesta social como mecanismo legítimo de participación política
Por Efrén Ortiz Alvarez
La participación política se puede ver reflejada mediante un abanico muy amplio de posibilidades, y aunque suele asociarse con sus manifestaciones mayormente institucionalizadas (votar y ser votado, asociación política, afiliación a un partido político, etcétera), lo cierto es que también alberga un conjunto de actos menos convencionales, como las marchas, los plantones y, en general, los diversos mecanismos de protestas social.
Efectivamente, la protesta social es una de las tantas formas en que puede darse la participación política y, de hecho, su manifestación se encuentra amparada por el ejercicio de un derecho humano, tanto en su dimensión individual como colectiva. Es la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) quien define a la protesta social como “una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación”.
Históricamente, el ejercicio de este derecho ha representado una de las principales herramientas para hacer visibles las violaciones a una diversidad de derechos y libertades —de toda índole—, adicional al llamamiento del Estado respecto a su mala de gestión. Es decir, la protesta social supone una práctica que trasciende las formas primarias de la democracia (por ejemplo, el ejercicio del voto o la competencia de las autorices jurisdiccionales), que al momento de la protesta no han resultado útiles o suficientes.
En México, es el artículo 6° Constitucional el que consagra el ejercicio de este derecho, al establecer que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
Por todo lo anterior que el Estado no solo está obligado a respetarla, sino a procurar su atención y seguimiento. Sin embargo, en México, todos los órdenes de gobierno parecieran encontrar en la protesta social uno de sus más grandes desafíos. En principio de cuentas, se ha extendido la conciencia de que la manifestación pública —y muy de la mano el desorden que suele conllevar— representan la única oportunidad para que el gobierno atienda cierta problemática; sin embargo, también ha sido frecuente que la atención a dichas demandas se traduce en soluciones de carácter paliativo, que no hacen más que posponer el conflicto.
Sin lugar a dudas, la protesta social es mayormente censurada cuando tiene como instrumento a la violencia; pero aún y con ese aderezo, llama la atención que la ciudadanía no solo se muestra cada vez más tolerante a este tipo de expresiones (que hasta hace unas décadas eran vistas con mucho más recelo), sino también más proactiva en torno a su ejercicio. Es notable que la ciudadanía cada día adquiere más consciencia respecto a los alcances que tiene su voz cuando esta se manifiesta de forma unida y organizada. Usted juzgue.
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