2024. La serie...

POR NORBERTO HERNÁNDEZ BAUTISTA

En diciembre de 1998, el FOBAPROA fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB); el quebranto bancario quedó registrado formalmente como deuda pública. Los bancos habían quebrado, pero los banqueros se hicieron ricos. En septiembre de 1999, Andrés Manuel López Obrador publicó un libro donde abordó la gravedad del FOBAPROA para México y hace un análisis de los recursos que fueron entregados a los bancos rescatados.

En aquél momento López Obrador escribió: El City Bank, dueño de Confía, recibirá del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (1999) 6 mil 465 millones de pesos; el Banco Santander Mexicano, 5 mil 507 millones; Promex, 5 mil 153 millones; Banorte, 4 mil 347 millones; y, Bilbao Vizcaya, 4 mil 34 millones. En cambio, por solo mencionar las grandes instituciones de educación superior, la UNAM recibirá 7 mil 500 millones, el Politécnico 3 mil 583 millones, la UAM mil 326 millones, y la Universidad Pedagógica Nacional ejercerá 245 millones de presupuesto… Mientras los banqueros se dan un festín presupuestario el gasto en salud para la mayoría de los mexicanos será verdaderamente raquítico: el Hospital General tendrá 672 millones; el Juárez, 245 millones; el Instituto de Cardiología, 258 millones; el de Nutrición, 320 millones; el de Pediatría, 338 millones; el Infantil, 331 millones, y el de Psiquiatría, 73 millones. Más descabellado no podía ser.

Progresa, el programa de bienestar social del gobierno zedillista, en el presupuesto de 1999, recibió 8 mil millones de pesos para atender a 3 millones de familias; mientras el rescate del Banco Serfin costaba 77 mil millones de pesos. Es evidente que los dueños de los bancos fueron los verdaderos rescatados. Banamex fue vendido en 130 mil millones de pesos a Citigroup con todo el patrimonio cultural incluido y sin pagar impuestos. El gobierno lo había rescatado, a través del FOBAPROA, por aproximadamente 73 mil millones de pesos.

Si Banamex hubiera comprado a Citigroup, en Estados Unidos, hubiera pagado alrededor de 30 mil millones de pesos de impuestos. Fue el negocio de su vida. Al final no hubo ningún responsable del quebranto bancario en la cárcel. Al contrario, algunos de ellos formaron parte de la Junta de Gobierno del IPAB. Al 2010, la deuda registrada en el IPAB era de 1 billón, 300 mil millones de pesos; cantidad que se estima será cubierta hasta dentro de 70 años. El robo perfecto se consumó.

Para incrementar el daño a la nación, todavía se agregó el costo del llamado rescate carretero. En el sexenio del presidente Salinas de Gortari se tomó la decisión de concesionar 52 autopistas que implicaban la construcción de 5 mil kilómetros de la red federal de carreteras. Se pensó que estas autopistas eran las más rentables y más lucrativas. Algunas de ellas fueron concesionadas hasta por 50 años. Con la crisis de 1995, todos los concesionarios se vieron afectados, por lo que, en 1997, 25 de las 52 autopistas fueron rescatadas mediante el pago de Pagarés de Indemnización de Carreteras (PIC).

De acuerdo con un trabajo realizado por Carmen Silvia Zepeda, El costo total del rescate carretero realizado por el gobierno federal en agosto de 1997 y el cierre de 2006, creció 206.7%, al pasar de 58 mil 123 millones de pesos a 178 mil 289.4 millones de pesos. se estima que, al pago de intereses del rescate carretero, entre 1997 y 2007, se destinaron 98 mil 735 millones de pesos. Fueron épocas de los programas de bienestar en favor de los ricos, de los saqueadores de la nación y de los cómplices del viejo régimen presidencial autoritario.

Continuará…